La Reforma de la Administración Local

Algo más de cuarenta asistentes a esta interesante charla coloquio impartida por el Presidente del Consejo General de COSITAL, Eulalio Ávila.

 

Lo primero que ha quedado claro para todos los presentes es que se debería cambiar el nombre a la futura ley. Cambiar el eufemismo de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por la denominación, más realista, de Ley de Centralización de poder, Destrucción de Empleo y Privatización de Servicios Públicos de la Administración Local sería más acertado.

Escondido bajo el farragoso texto, se esconde un lodo encaminado a tragarse autonomía municipal, servicios públicos y empleados municipales; para regurgitarlos más tarde en forma de oportunidades de negocio para grandes empresas, que llevan ya tiempo al acecho.

En principio es una ley fundamentalmente económica y no social, que flirtea con la inconstitucionalidad en mucho de su articulado. Quita competencias a los Ayuntamientos en áreas tan sensibles –y lucrativas- como educación, sanidad y servicios sociales. Condiciona la prestación de los servicios a que no superen un “coste estándar” que se establecerá por Decreto ley; de no poder ofrecerlos por debajo de ese coste serán asumidos por las Diputaciones y Comunidades Autónomas, mucho más endeudadas que los organismos locales. Se abre así la posibilidad de que estos servicios sean prestados por empresas privadas, al no mencionar siquiera la ley nada sobre la calidad de los servicios, solo su coste. En todo este proceso no solo se traspasarán servicios, sino los empleados públicos asociados a los mismos y en las condiciones laborales del prestador del servicio.

Pocas son las esperanzas de que su aplicación no sea devastadora; una de ellas es que dada la complejidad de su aplicación y el profundo desgaste político que conlleva aparejada ésta, se desplome toda ella como un castillo de naipes; otra esperanza es que los afectados digamos “hasta aquí hemos llegado”, desmontando sus conceptos, mostrando sus contradicciones, ambigüedades y hasta falacias.

Antes de todo esto llegarán los recortes salariales, con su triple finalidad de permitir ofrecer los servicios por debajo del coste estándar, facilitar la prestación de estos por empresas privadas o abaratar aún más el despido de empleados públicos.

Ha llegado a nuestros oídos que en el convenio que está negociando la empresa pública Aserpinto, se contempla una subida salarial de algo más del 4%; de ser esto cierto podríamos estar hablando de una meditada estrategia para que los servicios municipales prestados a través de la sociedad superen ese “misterioso” coste estándar y deban ser privatizados a un coste menor.