Algo más de cuarenta asistentes a esta interesante charla
coloquio impartida por el Presidente del Consejo General de COSITAL, Eulalio
Ávila.
Lo primero que ha quedado claro para todos los presentes es
que se debería cambiar el nombre a la futura ley. Cambiar el eufemismo de Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por la
denominación, más realista, de Ley de Centralización de poder, Destrucción de
Empleo y Privatización de Servicios Públicos de la Administración Local sería
más acertado.
Escondido bajo el farragoso texto, se esconde un lodo
encaminado a tragarse autonomía municipal, servicios públicos y empleados
municipales; para regurgitarlos más tarde en forma de oportunidades de negocio
para grandes empresas, que llevan ya tiempo al acecho.
En principio es una ley fundamentalmente económica y no
social, que flirtea con la inconstitucionalidad en mucho de su articulado.
Quita competencias a los Ayuntamientos en áreas tan sensibles –y lucrativas-
como educación, sanidad y servicios sociales. Condiciona la prestación de los
servicios a que no superen un “coste estándar” que se establecerá por Decreto
ley; de no poder ofrecerlos por debajo de ese coste serán asumidos por las Diputaciones
y Comunidades Autónomas, mucho más endeudadas que los organismos locales. Se
abre así la posibilidad de que estos servicios sean prestados por empresas privadas,
al no mencionar siquiera la ley nada sobre la calidad de los servicios, solo su
coste. En todo este proceso no solo se traspasarán servicios, sino los
empleados públicos asociados a los mismos y en las condiciones laborales del
prestador del servicio.
Pocas son las esperanzas de que su aplicación no sea
devastadora; una de ellas es que dada la complejidad de su aplicación y el
profundo desgaste político que conlleva aparejada ésta, se desplome toda ella
como un castillo de naipes; otra esperanza es que los afectados digamos “hasta
aquí hemos llegado”, desmontando sus conceptos, mostrando sus contradicciones,
ambigüedades y hasta falacias.
Antes de todo esto llegarán los recortes salariales, con su triple
finalidad de permitir ofrecer los servicios por debajo del coste estándar, facilitar
la prestación de estos por empresas privadas o abaratar aún más el despido de
empleados públicos.
Ha llegado a nuestros oídos que en el convenio que está
negociando la empresa pública Aserpinto, se contempla una subida salarial de
algo más del 4%; de ser esto cierto podríamos estar hablando de una meditada
estrategia para que los servicios municipales prestados a través de la sociedad
superen ese “misterioso” coste estándar y deban ser privatizados a un coste
menor.
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