El Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid, anula el laudo arbitral de una de las mesas electorales.

De nuevo, David contra Goliat.

15 días fatídicos en los que un JUEZ puede cambiarlo todo…. ¿Qué ha pasado entre el 10 de marzo (día de celebración del juicio) Y el 25 de marzo (día en el que firma la sentencia el juez).

10 de marzo… 10:50 horas de la mañana…. día de la celebración del juicio, con la intervención del Magistrado que manifiesta en sala de forma pública que no puede resolver un Laudo que está en suspenso (falta de competencia), que no existe motivo para celebrar un juicio de un Laudo no resuelto (falta de acción e inadecuación de procedimiento), que el Ayuntamiento debe desistir por ello (alargando el momento de la celebración incluso para que sea transmitido al Ayuntamiento la propuesta de desistimiento del magistrado), advirtiendo que hasta podría sancionar al Ayuntamiento con 6000 € por utilizar la administración de justicia de forma temeraria.

15 días después…. Se dicta Sentencia y sorpresivamente alega que tiene competencia para ello porque el Laudo Arbitral dentro de su suspensión está Resuelto y considera que un Arbitro no puede resolver suspender su decisión hasta saber el Fallo de la Sentencia por Despido. Curiosamente el Arbitro resuelve razonadamente su Laudo basándose en la consolidada doctrina jurisprudencial dictada a partir de la Sentencia 44/2001 del Tribunal Constitucional en el que en un supuesto como el que nos ocupa, en el que estando sub iudice el despido y existiendo fundados indicios de que el acto extintivo empresarial encubre una finalidad antisindical, como es la de impedir que el trabajador despedido pueda presentarse como candidato a las elecciones sindicales a celebrar en la empresa, el órgano judicial que conoce de la impugnación de un laudo arbitral no puede olvidar esta circunstancia y debe salvaguardar el derecho a la libertad sindical del trabajador, sobre todo, para evitar que se consumase la lesión de este derecho a la libertad sindical. 

La misma Sentencia Constitucional reitera la facultad del juez prevista en el art. 83.1. LPL de suspender el juicio o acordar cualquier otra medida, tal como la suspensión del plazo para dictar sentencia hasta conocer lo que finalmente se llegase a declarar en el proceso de despido, valorando como prioritario la incidencia que innegablemente podía tener su decisión ante una clara vulneración de un Derecho Fundamental, pilar de nuestra Constitución.

Curiosamente el Magistrado resuelve -sin razonarlo de ninguna de las maneras- que la citada sentencia del Tribunal Constitucional que ampara a todo trabajador despedido,  no debe ser aplicada en este caso.

Sentencia “tirando balones fuera” y “para escurrir el bulto” diciendo que lo que cabe aquí es una MEDIDA CAUTELAR frente al Magistrado que lleva el proceso de despido que es el que debe salvaguardar una posible vulneración de derechos constitucionales.

La sentencia sorprende por dos motivos fundamentales; el primero por posicionarse en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional, que ampara a todo trabajador despedido y que haya demandado por vulneración de derechos fundamentales, que es el caso, y que animó a este sindicato a presentar reclamación a la Mesa Electoral. 

La sentencia no da lugar a recurso, aunque abre la posibilidad de solicitar las oportunas medidas cautelares para salvaguardar una posible vulneración de derechos constitucionales, a expensas de un posible fallo por nulidad en el despido; derecho hasta ahora innecesario al aceptar, primero la mesa y luego el laudo arbitral, la pertinente reclamación de inclusión en el Censo Electoral.

El segundo motivo, el que más nos ha sorprendido a todos los que asistimos al juicio, es el cambio drástico entre la sentencia dictada por escrito por el magistrado y la opinión verbal manifestada en sala, que incluyó una severa reprimenda al Ayuntamiento por la demanda presentada, con pertinente aviso de sanción de hasta 6000 euros por utilizar la administración de justicia de forma temeraria.

Ya dijo el presidente del Tribunal Supremo que la Ley está pensada para el robagallinas. Aquí no se ha robado gallina alguna, pero en esta batalla desigual entre David y Goliat seguiremos en nuestra lucha. El equipo de gobierno utilizó las posibilidades que le ofrecía la Ley para imposibilitar la presencia de nuestros compañeros en el Comité de Empresa, de la forma más drástica posible, mediante el despido. Seguiremos en nuestro empeño de utilizar las vías que, también a nosotros, nos ofrece la Ley para tener presencia en el Comité de Empresa, de forma legítima.

Un juez ha anulado el laudo arbitral de una de las mesas; pediremos las correspondientes medidas cautelares… Y aún queda pendiente el juicio de la otra mesa electoral, que no será hasta septiembre; al menos hasta entonces estamos legitimados para defender a nuestros compañeros en el Comité de Empresa, a todas luces legal aunque les pese.

Ahorrando por cuenta de bolsillo ajeno

A nuestro equipo de gobierno se le llena la boca en los medios de comunicación cuando hablan del ahorro conseguido, lo que callan es el cómo se llega a ese ahorro. Se ahorró en la factura de teléfono, pero no en la de sus móviles, sino en aquella que permitía a los empleados públicos llamar a los móviles de los ciudadanos para comunicarse con ellos.

Existen otras formas de ahorro, con más tintes de acoso y castigo laboral que otra cosa. Hemos comentado alguna vez que el importe de nuestras cuotas sindicales y que se nos retiene de nuestras nóminas para después transferirse a las cuentas de los sindicatos respectivos, han sufrido demoras de meses.

A los trabajadores que realizan jornadas partidas, turnos o festivos no se les abonan esos importes desde noviembre pasado, algo que comienza a ser habitual.

Y no es porque los trámites burocráticos tengan alguna complejidad, todo aquel que percibe una nómina entiende de qué hablamos, sino porque el concejal de turno que tiene que dar el visto bueno y autorizar esos pagos mira para otro lado durante meses.

Sin embargo no andan tan despistados cuando todos los veranos y navidades encuentran algún tema para realizar un pleno extraordinario y así aquellos concejales que no tienen nómina puedan percibir su paga. Una frase ha definido la relación de este equipo de gobierno con sus trabajadores, “hacer daño como muestra de poder y prepotencia”. 

TRAS UN DURO INVIERNO LLEGA LA PRIMAVERA

Desde EPS siempre nos pusimos en contra de la privatización de Aserpinto. Existían razones objetivas para ello, los servicios públicos siempre son más económicos, más equitativos y de más calidad cuando se ofrecen desde lo público. No es solo una cuestión ideológica, sino constatable a lo largo del tiempo.

"Quienes privatizan siempre nos mienten en las razones que argumentan"

Quienes privatizan siempre nos mienten en las razones que argumentan y en la de buena parte de los servicios de Aserpinto no podía ser distinto. Por lo pronto, este ejercicio, según publica UPyD nos va a salir a todos los pinteños 600.000 euros más caro que cuando los servicios eran públicos, dejando en la calle a trabajadores por el camino.

"Además el proceso en sí mismo estaba gobernado por la arbitrariedad, como ha quedado de manifiesto por las sentencias de los Juzgados de lo Social números 2 y 8 de Madrid."

Además el proceso en sí mismo estaba gobernado por la arbitrariedad, como ha quedado de manifiesto por las sentencias de los Juzgados de lo Social números 2 y 8 de Madrid. Estos obligan a que dos trabajadoras de la empresa pública subrogadas a la UTE Valoriza-Gestyona vuelvan a ser integradas a la empresa Aserpinto, pero no serán las únicas. Los juzgados solo han apreciado arbitrariedad, porque la mala fe requiere de un contacto día a día para observarse y no es fácil demostrar.