En el día de ayer, martes, este sindicato ha sido demandado
por el Ayuntamiento de Pinto. Junto a nosotros, aparecen como demandados CCOO,
UGT y CSI-F, así como nuestros afiliados despedidos por este equipo de
gobierno, ahora hace más de 8 meses.
Y ¿Cuál es el objeto de la demanda? Pues como la Ley ampara
y el sentido común de nuestros dirigentes aconseja, la impugnación ante el
juzgado de lo social de la resolución
arbitral que permitió a nuestros compañeros ejercer su derecho al voto y ser
elegidos por EPS en las pasadas elecciones sindicales. Primero fueron contra la
Mesa electoral y su decisión de incluir a nuestros compañeros, avalados por
información jurídica recabada para respaldar su postura. Después arremetieron
contra los sindicatos por avalar esa decisión y nos llevaron a todos a un laudo
arbitral promovido por el equipo de gobierno. Como no gustó el Laudo arbitral ahora van contra todos; árbitro
incluido.
Según el equipo de gobierno dice en su demanda “… la
resolución arbitral vulnera la legalidad vigente e infringe normas imperativas
en tanto en cuanto no se dicta Laudo arbitral, escrito y razonado, resolviendo en derecho sobre la impugnación
del proceso electoral efectuada por el Ayuntamiento.” (Las negritas vienen
destacadas en la demanda).
Resumiendo, que el
árbitro designado por la Comunidad de Madrid no dicta Laudo a su favor y por
tanto arremeten contra su decisión.
Al margen del pleno derecho que les ampara en su defensa de los intereses de todos
los pinteños, según dicen, no deja de sorprendernos la cantidad de dinero de los pinteños que llevan ya
gastada en impedir que este sindicato vele por los derechos de los trabajadores
municipales. Conviene recordar que es un
bufete privado el encargado de elaborar todas las demandas en las que el objetivo prioritario es este
sindicato.
Nunca se nos ha ocurrido a los trabajadores municipales
inmiscuirnos como tales en los procesos electorales del municipio, y no es por
carecer de la suficiente información como para inclinar la balanza electoral
hacia un lado u otro. Siempre hemos asumido por salud democrática que ese no es
cometido nuestro.
Solo se nos ocurre una razón para ello, haber interferido seriamente en unos planes cuidadosamente diseñados
para desmantelar los servicios públicos municipales y desprenderse de buena
parte de la plantilla. Solo es una sospecha, desde luego, pero indicios existen
y no olvidemos que la sospecha y los indicios son los métodos habituales
utilizados por la policía para descubrir malhechores.
Así pues, el día 10
de marzo nos veremos de nuevo en los juzgados, con la tranquilidad que
aporta sentirse respaldado por derechos fundamentales.