Mal empezamos. Externalizar no existe en el diccionario
de nuestra lengua. Sin embargo, privatizar viene definido como transferir una
actividad pública al sector privado, que según el equipo de gobierno de nuestro
Ayuntamiento es lo que va a proponer; o mejor dicho también, va a ejecutar
directamente.
Ya no parece quedar duda que nuestro equipo de gobierno
va a seguir a pies juntillas la política nacional de su partido. Por una parte
está bien, sabemos a qué atenernos, lo que nos espera y podemos actuar en
consecuencia. Dijeron hasta la saciedad que no privatizarían Aserpinto, pero le
ha llegado su hora. A partir de aquí vendrá todo lo demás, no les queda mucho
tiempo.
Una vez desmantelados y privatizados los servicios de
recogida de basuras, limpieza viaria y jardinería, qué queda en la empresa
pública. Limpieza de edificios, conserjería, mantenimiento y personal de
oficinas. Ninguna empresa privada querrá eso. Poco futuro les espera a partir
de entonces. Pero algo al menos tan grave, estas privatizaciones de importes
millonarios, que el Ayuntamiento deberá pagar, en buena parte se adjudican a
dedo y quedan al margen de cualquier control por parte de los concejales
municipales, más aún cuando estas concesiones se hacen por décadas.
Lo que está sobre la mesa no es si la empresa pública
es rentable o no. Eso son pamplinas. Cualquier gestor de tres al cuarto, cuando
algo no es rentable intenta solucionar el problema, aunque solo sea por
dignidad personal. Con otra gestión los trabajos se han realizado y los
servicios se han cumplido. Luego todo parece apuntar que el verdadero problema
de ineficacia se encuentra en la gestión. Pero el objetivo no es gestionar mal
o bien, sino que gestionen otros. La causa de estos lodos son otros barros.
El proceso acelerado de privatización de los servicios
públicos que se viene produciendo en los últimos años se inscribe dentro de una
estrategia global del capitalismo neoliberal, que tiene como objetivo la
progresiva mercantilización del sector público. Esta estrategia globalizadora
ha sido diseñada por la Organización Mundial del Comercio. Entre los acuerdos
de mayor relevancia de esta organización mundial se encuentra el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), adoptado en el mismo año 1995, y
que persigue la liberalización progresiva de todos los servicios para el
comercio internacional.
De acuerdo con el calendario fijado por la OMC, cada
país miembro presentaría sus listas de servicios a "liberalizar" y a
partir de ahí se puso en marcha el proceso efectivo de apropiación empresarial.
Este fenómeno de apropiación incide de modo sustancial sobre los servicios
públicos prestados por el sector público: sanidad, pensiones, educación,
cultura, transportes, gestión de tributos, telecomunicaciones, suministro de
energía, agua, gestión de residuos, saneamiento, turismo etc., con
independencia del ámbito territorial de la Administración Pública que los venía
prestando, es decir, se produce a escala estatal, autonómica y local. La mal
llamada Constitución europea, sometida a referéndum en el Estado español tras
una brutal campaña oficial de desinformación, da cobertura al proceso de
privatización al máximo nivel normativo sustituyendo en su texto el concepto de
"servicios públicos" por el puramente mercantilista de
"servicios de interés económico general”
La estrategia global de privatización de los servicios
públicos se sustenta sobre un primer proceso de manipulación ideológica de la
opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e
implacable durante los últimos años, con el siguiente objetivo: afirmar, sin
posibilidad de réplica, que se debe reducir el tamaño del sector público, que
el sector público asume indebidamente la provisión de bienes y servicios que
debería prestar el mercado; que la empresa privada es más eficiente por las
bondades del mercado, frente a la ineficiencia y despilfarro de lo público; que
se debe reconsiderar la necesidad del propio Estado del Bienestar y la función
del Estado como redistribuidor de la renta y suministrador de los servicios
públicos, con el objetivo final de privatizar la red de servicios públicos.
A estas alturas, se puede decir que este
adoctrinamiento ideológico planificado por el "capital globalizador"
se ha consumado de forma abrumadora, de tal manera que estas ideas son asumidas
hoy como un dogma de fe por la sociedad. Y ello, fundamentalmente porque el
proceso se ha desarrollado en el escenario de los medios de comunicación
(prensa, televisión) y con las técnicas de propaganda del espectáculo de masas,
las únicas fuentes de información que consiente la economía mercantilizada, los
cuales se limitan a trasmitir las órdenes y los programas de sus dueños y para
los que cualquier posición disidente simplemente no existe, o de tener algún eco,
rápidamente se banaliza en las secciones de lo pintoresco o se desactiva bajo
el calificativo de "utopía" de grupos más o menos marginales. En ese
marco, los economistas gurús y los políticos a sueldo del capital repiten una y
otra vez las virtudes del mercado global y de la liberalización, enlazando
conceptos sesgados como si se tratara de verdades teológicas (eficiencia
óptima, economías de escala, costes marginales, competitividad...), manipulando
cifras y ocultando datos con la habilidad delos trileros.
Contra la falsa opinión dominante hay que declarar con
contundencia que no existe estudio empírico alguno que demuestre de forma fiable
que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y
calidad de la gestión privada, ni tan siquiera un aumento de la competencia en
los distintos sectores privatizados. Antes al contrario, la realidad resultante
de los procesos de privatización diseñados a escalas globales y aplicadas en
todos los ámbitos de organización política territorial muestra de forma clara e
inequívoca, al menos, las siguientes consecuencias:
• La pérdida del control democrático de los servicios
públicos: se sustituyen las garantías legales propias de la gestión sometida al
Derecho público por la gestión empresarial privada, supeditada exclusivamente a
la maximización del beneficio económico para la empresa, con la consiguiente
inefectividad de las reclamaciones individuales y de las garantías jurídicas.
El ciudadano se transforma en un cliente reducido a votar cada cuatro años, un
simple espectador alimentado por la publicidad incesante que le incita al
consumir con la mayor libertad, liberándole de la ardua tarea de participar en
la toma de decisiones sobre su propia vida y su futuro colectivo.
• La pérdida de calidad en la prestación del servicio
y el aumento de los precios para los usuarios: las políticas indiscriminadas de
disminución de costes en capital físico y humano, consecuencia de la tendencia
a la consecución del lucro, hace que la mayoría de las empresas privadas
proveedoras de servicios públicos bajen notablemente la calidad de las
prestaciones y, paralelamente, suban el importe de las tarifas.
• La reducción, cuando no eliminación, de la
protección medioambiental: la lógica de obtener el máximo beneficio económico
para la empresa se opone a la imprescindible preservación de los valores
naturales y ambientales. El proceso de producción capitalista responde siempre
a la misma regla: a mayor contaminación más beneficio.
• La disminución de puestos de trabajo, bajos
salarios, desregulación laboral y galopante precarización del empleo. Esta
dinámica se traduce en tendencia a la inestabilidad laboral, recurso masivo a
la contratación basura, disminución de las garantías adquiridas a través de la
negociación colectiva y aumento de la vulnerabilidad laboral, movilidad
geográfica indiscriminada, congelaciones salariales etc. En paralelo a este
proceso, surge una nueva élite de burócratas fuertemente identificada con el
sistema de valores privatizador, que ve incrementado su poder y sus
retribuciones, ocupando los puestos de decisión en la jerarquía de las
Administraciones Públicas.
• El crecimiento de la desigualdad y la exclusión
social: la involución de las políticas sociales y la desregulación provocan un
efecto redistributivo negativo que sufren especialmente los colectivos más
desprotegidos, porque afecta al núcleo esencial de los principios de igualdad
de acceso al servicio público, universalidad y no discriminación.
• Incremento de la corrupción y del clientelismo: los
extraordinarios beneficios económicos que se ponen en juego en los procesos
privatizadores mediante concesiones, contratos de suministros etc., son un
caldo de cultivo idóneo para el tráfico de influencias, la información
privilegiada, las extorsiones y sobornos, cobro de comisiones, financiación
ilícita de partidos políticos etc. Los estudios realizados por algunos
Organismos independientes sobre esta materia fundamentalmente, los publicados
por Transparencia Internacional- apuntan a que la corrupción, en sus diferentes
variantes, acompaña como una sombra a los procesos de privatización. Procesos
de concentración monopolística que impiden una competencia real: las
concesiones de gestión de servicios públicos a largo plazo 50 años o más-, son
un ejemplo de monopolio que impide la competencia en la prestación del
servicio.
La creación de empresas públicas no fue sino un
artilugio más para favorecer la privatización de los servicios que prestan. La
venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente públicas:
las de suministro de agua, gas, energía, transportes, telecomunicaciones; en la
línea de lo acontecido con otras empresas públicas en sectores estratégicos
como la siderurgia, la fabricación de armas o el sector naval, así lo
demuestran. El supuesto objetivo de estas operaciones es devolver al mercado
actividades que se considera deben prestarse en régimen de libre competencia
por razones de eficiencia económica, si bien lo que realmente se esconde bajo
estos procesos de expolio del patrimonio público es una apropiación de los
sectores económicos rentables que estaban en manos de la Administración
Pública. Al mismo tiempo, estas operaciones permitieron al Estado español
obtener los ingresos suficientes para reducir el déficit público y alcanzar los
objetivos del Programa de Convergencia marcado por la Comunidad Europea.
Los procesos de liberalización y privatización que se
han descrito se caracterizan por llevarse a cabo de espaldas a los ciudadanos,
con el más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios
democráticos de información y participación en la toma de decisiones por parte
de la sociedad civil. Los principales beneficiarios son las grandes empresas
trasnacionales proveedoras de servicios, que a través de sus lobbies (nombre
eufemístico de los núcleos duros dedicados al tráfico de influencias y a la
simple y pura corrupción),dictan el orden del día de la OMC y determinan el
ritmo de aplicación del AGCS.
