Desde su formación, hace ahora dos años, esta Sección
Sindical de Espacio de Participación Sindical (EPS) ha venido ejerciendo su
acción sindical en el Ayuntamiento de Pinto.
Su nacimiento vino motivado por una sucesión de políticas de
recortes y agresiones hacia la plantilla municipal. Varios compañeros
entendimos que desde las instituciones que deberían defendernos de estas
agresiones no se estaban realizando los esfuerzos necesarios y suponían una
pared contra la que chocaban continuamente las reivindicaciones de nuestro
colectivo.
De entonces acá hemos pagado nuestra osadía, convirtiéndonos en la diana sobre la que recaen una vez tras otra los dardos del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento.
Comenzó con el despido de cuatro compañeros
que formaban la Junta Directiva de nuestro sindicato, demandas que se
encuentran en los tribunales y pendientes de sentencia judicial. Pero este acto,
ya muy grave por sí solo, no fue más que el comienzo de una verdadera caza de
brujas como nunca se ha visto en una Administración Pública hacia una formación
sindical.
El más absoluto desprecio y prepotencia hacia los afiliados
a este sindicato se ha convertido en el día a día del concejal de Recursos
Humanos; acciones que se han ido extendiendo al resto de la plantilla a partir
de la representación sindical obtenida por EPS en las pasadas elecciones
sindicales.
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Somos conscientes que se acerca un proceso electoral. Nuestra
ética sindical y personal ha hecho que reflexionemos acerca de si debemos
detener o no durante estas semanas nuestra acción sindical. Pero los temas que
tenemos sobre la mesa son graves… muy graves para que un sindicato mire hacia
otro lado. Constante desprecio hacia el articulado del convenio colectivo,
firmado precisamente con el Partido Popular en el gobierno local. Teniendo un
reconocido saneamiento de las arcas públicas, no se están abonando las horas extraordinarias
que se obligan a realizar, dejándonos ante un posible delito de enriquecimiento
injusto por parte del Consistorio, al estarse beneficiando de su propia falta
de diligencia.
Supeditar el abono de salarios a colectivos de trabajadores
a que se hagan informes técnicos favorables a ciertos empleados, nos deja
frente a un posible delito de prevaricación y cohecho.
Constantes vulneraciones de nuestro interés legítimo a la
representación y acción sindical, vulnerando por los cuatros costados la
Constitución Española y legislación internacional que defiende el derecho
fundamental de todo trabajador a sindicarse. El último capítulo de esta
representación, que parece escrita en otro tiempo, ha sido la amenaza a una
delegada sindical de EPS, haciéndola responsable y destinataria de medidas represivas
si este sindicato continuaba con su acción sindical.
Y hasta aquí podríamos llegar, mucho más tratándose de una
Administración Pública que debería velar y fomentar estos derechos reconocidos
en nuestra carta magna.
No solo no frenaremos nuestra acción sindical, sino
que la llevaremos hasta sus últimas consecuencias y utilizando todas las
herramientas que nos ofrece la legalidad vigente.
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