¿Qué se esconde tras la privatización de Aserpinto?

Mal empezamos. Externalizar no existe en el diccionario de nuestra lengua. Sin embargo, privatizar viene definido como transferir una actividad pública al sector privado, que según el equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento es lo que va a proponer; o mejor dicho también, va a ejecutar directamente.

Ya no parece quedar duda que nuestro equipo de gobierno va a seguir a pies juntillas la política nacional de su partido. Por una parte está bien, sabemos a qué atenernos, lo que nos espera y podemos actuar en consecuencia. Dijeron hasta la saciedad que no privatizarían Aserpinto, pero le ha llegado su hora. A partir de aquí vendrá todo lo demás, no les queda mucho tiempo.

Una vez desmantelados y privatizados los servicios de recogida de basuras, limpieza viaria y jardinería, qué queda en la empresa pública. Limpieza de edificios, conserjería, mantenimiento y personal de oficinas. Ninguna empresa privada querrá eso. Poco futuro les espera a partir de entonces. Pero algo al menos tan grave, estas privatizaciones de importes millonarios, que el Ayuntamiento deberá pagar, en buena parte se adjudican a dedo y quedan al margen de cualquier control por parte de los concejales municipales, más aún cuando estas concesiones se hacen por décadas.

Lo que está sobre la mesa no es si la empresa pública es rentable o no. Eso son pamplinas. Cualquier gestor de tres al cuarto, cuando algo no es rentable intenta solucionar el problema, aunque solo sea por dignidad personal. Con otra gestión los trabajos se han realizado y los servicios se han cumplido. Luego todo parece apuntar que el verdadero problema de ineficacia se encuentra en la gestión. Pero el objetivo no es gestionar mal o bien, sino que gestionen otros. La causa de estos lodos son otros barros.

El proceso acelerado de privatización de los servicios públicos que se viene produciendo en los últimos años se inscribe dentro de una estrategia global del capitalismo neoliberal, que tiene como objetivo la progresiva mercantilización del sector público. Esta estrategia globalizadora ha sido diseñada por la Organización Mundial del Comercio. Entre los acuerdos de mayor relevancia de esta organización mundial se encuentra el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), adoptado en el mismo año 1995, y que persigue la liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional.

 

De acuerdo con el calendario fijado por la OMC, cada país miembro presentaría sus listas de servicios a "liberalizar" y a partir de ahí se puso en marcha el proceso efectivo de apropiación empresarial. Este fenómeno de apropiación incide de modo sustancial sobre los servicios públicos prestados por el sector público: sanidad, pensiones, educación, cultura, transportes, gestión de tributos, telecomunicaciones, suministro de energía, agua, gestión de residuos, saneamiento, turismo etc., con independencia del ámbito territorial de la Administración Pública que los venía prestando, es decir, se produce a escala estatal, autonómica y local. La mal llamada Constitución europea, sometida a referéndum en el Estado español tras una brutal campaña oficial de desinformación, da cobertura al proceso de privatización al máximo nivel normativo sustituyendo en su texto el concepto de "servicios públicos" por el puramente mercantilista de "servicios de interés económico general”

La estrategia global de privatización de los servicios públicos se sustenta sobre un primer proceso de manipulación ideológica de la opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e implacable durante los últimos años, con el siguiente objetivo: afirmar, sin posibilidad de réplica, que se debe reducir el tamaño del sector público, que el sector público asume indebidamente la provisión de bienes y servicios que debería prestar el mercado; que la empresa privada es más eficiente por las bondades del mercado, frente a la ineficiencia y despilfarro de lo público; que se debe reconsiderar la necesidad del propio Estado del Bienestar y la función del Estado como redistribuidor de la renta y suministrador de los servicios públicos, con el objetivo final de privatizar la red de servicios públicos.

A estas alturas, se puede decir que este adoctrinamiento ideológico planificado por el "capital globalizador" se ha consumado de forma abrumadora, de tal manera que estas ideas son asumidas hoy como un dogma de fe por la sociedad. Y ello, fundamentalmente porque el proceso se ha desarrollado en el escenario de los medios de comunicación (prensa, televisión) y con las técnicas de propaganda del espectáculo de masas, las únicas fuentes de información que consiente la economía mercantilizada, los cuales se limitan a trasmitir las órdenes y los programas de sus dueños y para los que cualquier posición disidente simplemente no existe, o de tener algún eco, rápidamente se banaliza en las secciones de lo pintoresco o se desactiva bajo el calificativo de "utopía" de grupos más o menos marginales. En ese marco, los economistas gurús y los políticos a sueldo del capital repiten una y otra vez las virtudes del mercado global y de la liberalización, enlazando conceptos sesgados como si se tratara de verdades teológicas (eficiencia óptima, economías de escala, costes marginales, competitividad...), manipulando cifras y ocultando datos con la habilidad delos trileros. 

 

Contra la falsa opinión dominante hay que declarar con contundencia que no existe estudio empírico alguno que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de la gestión privada, ni tan siquiera un aumento de la competencia en los distintos sectores privatizados. Antes al contrario, la realidad resultante de los procesos de privatización diseñados a escalas globales y aplicadas en todos los ámbitos de organización política territorial muestra de forma clara e inequívoca, al menos, las siguientes consecuencias:

• La pérdida del control democrático de los servicios públicos: se sustituyen las garantías legales propias de la gestión sometida al Derecho público por la gestión empresarial privada, supeditada exclusivamente a la maximización del beneficio económico para la empresa, con la consiguiente inefectividad de las reclamaciones individuales y de las garantías jurídicas. El ciudadano se transforma en un cliente reducido a votar cada cuatro años, un simple espectador alimentado por la publicidad incesante que le incita al consumir con la mayor libertad, liberándole de la ardua tarea de participar en la toma de decisiones sobre su propia vida y su futuro colectivo.

• La pérdida de calidad en la prestación del servicio y el aumento de los precios para los usuarios: las políticas indiscriminadas de disminución de costes en capital físico y humano, consecuencia de la tendencia a la consecución del lucro, hace que la mayoría de las empresas privadas proveedoras de servicios públicos bajen notablemente la calidad de las prestaciones y, paralelamente, suban el importe de las tarifas.

• La reducción, cuando no eliminación, de la protección medioambiental: la lógica de obtener el máximo beneficio económico para la empresa se opone a la imprescindible preservación de los valores naturales y ambientales. El proceso de producción capitalista responde siempre a la misma regla: a mayor contaminación más beneficio.

• La disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y galopante precarización del empleo. Esta dinámica se traduce en tendencia a la inestabilidad laboral, recurso masivo a la contratación basura, disminución de las garantías adquiridas a través de la negociación colectiva y aumento de la vulnerabilidad laboral, movilidad geográfica indiscriminada, congelaciones salariales etc. En paralelo a este proceso, surge una nueva élite de burócratas fuertemente identificada con el sistema de valores privatizador, que ve incrementado su poder y sus retribuciones, ocupando los puestos de decisión en la jerarquía de las Administraciones Públicas.

• El crecimiento de la desigualdad y la exclusión social: la involución de las políticas sociales y la desregulación provocan un efecto redistributivo negativo que sufren especialmente los colectivos más desprotegidos, porque afecta al núcleo esencial de los principios de igualdad de acceso al servicio público, universalidad y no discriminación.

• Incremento de la corrupción y del clientelismo: los extraordinarios beneficios económicos que se ponen en juego en los procesos privatizadores mediante concesiones, contratos de suministros etc., son un caldo de cultivo idóneo para el tráfico de influencias, la información privilegiada, las extorsiones y sobornos, cobro de comisiones, financiación ilícita de partidos políticos etc. Los estudios realizados por algunos Organismos independientes sobre esta materia fundamentalmente, los publicados por Transparencia Internacional- apuntan a que la corrupción, en sus diferentes variantes, acompaña como una sombra a los procesos de privatización. Procesos de concentración monopolística que impiden una competencia real: las concesiones de gestión de servicios públicos a largo plazo 50 años o más-, son un ejemplo de monopolio que impide la competencia en la prestación del servicio.

 

La creación de empresas públicas no fue sino un artilugio más para favorecer la privatización de los servicios que prestan. La venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente públicas: las de suministro de agua, gas, energía, transportes, telecomunicaciones; en la línea de lo acontecido con otras empresas públicas en sectores estratégicos como la siderurgia, la fabricación de armas o el sector naval, así lo demuestran. El supuesto objetivo de estas operaciones es devolver al mercado actividades que se considera deben prestarse en régimen de libre competencia por razones de eficiencia económica, si bien lo que realmente se esconde bajo estos procesos de expolio del patrimonio público es una apropiación de los sectores económicos rentables que estaban en manos de la Administración Pública. Al mismo tiempo, estas operaciones permitieron al Estado español obtener los ingresos suficientes para reducir el déficit público y alcanzar los objetivos del Programa de Convergencia marcado por la Comunidad Europea.

Los procesos de liberalización y privatización que se han descrito se caracterizan por llevarse a cabo de espaldas a los ciudadanos, con el más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios democráticos de información y participación en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil. Los principales beneficiarios son las grandes empresas trasnacionales proveedoras de servicios, que a través de sus lobbies (nombre eufemístico de los núcleos duros dedicados al tráfico de influencias y a la simple y pura corrupción),dictan el orden del día de la OMC y determinan el ritmo de aplicación del AGCS.