Escrito presentado a Alcaldía por amenazas ante acción sindical

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE PINTO AMENAZA A REPRESENTANTES DE EPS PARA QUE CESEN SU ACCION SINDICAL

Desde su formación, hace ahora dos años, esta Sección Sindical de Espacio de Participación Sindical (EPS) ha venido ejerciendo su acción sindical en el Ayuntamiento de Pinto.

Su nacimiento vino motivado por una sucesión de políticas de recortes y agresiones hacia la plantilla municipal. Varios compañeros entendimos que desde las instituciones que deberían defendernos de estas agresiones no se estaban realizando los esfuerzos necesarios y suponían una pared contra la que chocaban continuamente las reivindicaciones de nuestro colectivo.

De entonces acá hemos pagado nuestra osadía, convirtiéndonos en la diana sobre la que recaen una vez tras otra los dardos del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento.

Comenzó con el despido de cuatro compañeros que formaban la Junta Directiva de nuestro sindicato, demandas que se encuentran en los tribunales y pendientes de sentencia judicial. Pero este acto, ya muy grave por sí solo, no fue más que el comienzo de una verdadera caza de brujas como nunca se ha visto en una Administración Pública hacia una formación sindical.

El más absoluto desprecio y prepotencia hacia los afiliados a este sindicato se ha convertido en el día a día del concejal de Recursos Humanos; acciones que se han ido extendiendo al resto de la plantilla a partir de la representación sindical obtenida por EPS en las pasadas elecciones sindicales.

Somos conscientes que se acerca un proceso electoral. Nuestra ética sindical y personal ha hecho que reflexionemos acerca de si debemos detener o no durante estas semanas nuestra acción sindical. Pero los temas que tenemos sobre la mesa son graves… muy graves para que un sindicato mire hacia otro lado. Constante desprecio hacia el articulado del convenio colectivo, firmado precisamente con el Partido Popular en el gobierno local. Teniendo un reconocido saneamiento de las arcas públicas,  no se están abonando las horas extraordinarias que se obligan a realizar, dejándonos ante un posible delito de enriquecimiento injusto por parte del Consistorio, al estarse beneficiando de su propia falta de diligencia.

Supeditar el abono de salarios a colectivos de trabajadores a que se hagan informes técnicos favorables a ciertos empleados, nos deja frente a un posible delito de prevaricación y cohecho.

Constantes vulneraciones de nuestro interés legítimo a la representación y acción sindical, vulnerando por los cuatros costados la Constitución Española y legislación internacional que defiende el derecho fundamental de todo trabajador a sindicarse. El último capítulo de esta representación, que parece escrita en otro tiempo, ha sido la amenaza a una delegada sindical de EPS, haciéndola responsable y destinataria de medidas represivas si este sindicato continuaba con su acción sindical.

Y hasta aquí podríamos llegar, mucho más tratándose de una Administración Pública que debería velar y fomentar estos derechos reconocidos en nuestra carta magna.

No solo no frenaremos nuestra acción sindical, sino que la llevaremos hasta sus últimas consecuencias y utilizando todas las herramientas que nos ofrece la legalidad vigente.

Cuando el deber de la autoridad se transforma en infamia y arbitrariedad

Un hecho que quedó claro entre presidentes y funcionarios públicos es que no se pueden desligar la ética de la política porque cuando eso ocurre “los deberes de la autoridad se transforman en infamias y arbitrariedades.” (Mora & Rodríguez, 2009). El problema de algunos es que la política se impone sobre la ética lo que crea que no exista algún tipo de equilibrio.

Hemos querido transcribir un extracto de la Wikipedia que recoge a pies juntillas lo que estamos viviendo los trabajadores del Ayuntamiento de Pinto. Lo expuesto más arriba recoge la actitud que cierto concejal está llegando a tener hacia trabajadores, donde las amenazas que hace causan vergüenza hasta llegar a transcribirse. La cobardía hace, además, que las amenazas no se hagan en público haciéndose responsable de sus actos.

Así, nos hemos visto obligados a adoptar una de las soluciones más sencillas y eficaces cuando la Justicia no puede acudir en nuestro auxilio. Hemos sentido como necesario crear el SERVICIO DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, con el fin que todo aquel compañero que sea amenazado por nuestros poderes públicos pueda verse protegido por sus representantes, como única forma de impedir más atropellos.

¡DEFENDÁMONOS NOSOTROS MISMOS!

El Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid acepta la solicitud de medida cautelar

El Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid que sigue la causa de Despido de Pablo Leal frente al Ayuntamiento de Pinto ha aceptado la solicitud de medida cautelar consistente en el mantenimiento del trabajador despedido Pablo Leal como miembro del Comité de Empresa hasta la resolución de su procedimiento por Despido Nulo, para ello se ha convocado a todas las partes el día 14 de mayo de 2015 a las 9:05 horas a una audiencia preliminar para su resolución.

Ya lo decíamos en Octubre de 2014

Desde que iniciamos nuestra acción sindical en el Ayuntamiento, este equipo de gobierno ha tenido la obsesión  de hacernos desaparecer. Llenarán páginas en los medios ensalzando su respeto por los derechos fundamentales de las personas, los sindicales entre ellos, pero en esto último tienen mucho que aprender.

Entendemos que las relaciones entre un equipo de gobierno y los representantes de un buen número de trabajadores deberían formar parte del buen entendimiento institucional, pero no tienen ninguna intención de ello.

Su objetivo en la Administración es imponer un modelo de gestión ideológica donde para nada cuenten sus empleados; exigen un respeto para sus acciones que para nada tienen con las acciones de los demás.

Ya publicamos en este blog en octubre de 2014 cuál era el objetivo que perseguían al trasladar sin causa justificada a una compañera de nuestro sindicato a otro departamento.

Artículo publicado en este blog en octubre de 2014

El tiempo nos ha dado la razón, creando un problema en un departamento tan importante como el de Recursos Humanos. Problema por el que ahora justifican una nueva tropelía. Creemos que estas acciones esconden la privatización de este servicio y ya nos gustaría que el tiempo no vuelva a darnos la razón.

Mediante decreto y justificando la necesidad por dos bajas por enfermedad, pretenden colocar como responsable del Departamento de RRHH a una trabajadora que no ha accedido al Ayuntamiento mediante la correspondiente oposición. Prueba de ello es que se la asignan funciones que nada tienen que ver con quienes están de baja, sino con las funciones que hacen el resto de compañeros del departamento, con el único objetivo que vaya familiarizándose con las funciones del mismo, cuando hace poco tiempo trasladaron de RRHH a la persona que podría cumplir estas funciones y la trasladaron a Deportes, donde todavía están pensando qué funciones puede y debe desarrollar allí.

Este es un primer paso, y si tienen tiempo darán los siguientes para regularizar su situación. Y no es más que el levantar la voz contra estos atropellos y hacer públicos los mismos lo que ha puesto a EPS en el punto de mira de este equipo de gobierno tan respetuoso con los empleados públicos y tan garante de la gestión trasparente de la Administración.