Un nuevo 8 Marzo que queremos
celebrar para hacer visible lo invisible, por
un feminismo para la transformación social.
En España hay 2.595.575 empleados
públicos en junio del 2019, de los cuales 517.929 son empleados de
Ayuntamientos. Existiendo una diferencia y desequilibrio entre
administraciones, si en el sector público, en general, cerca del 57% son
mujeres, en los ayuntamientos no se llega a la cifra del 49% de la presencia femenina.
A pesar de la presencia de la mujer en la
Administración, el porcentaje en puestos de dirección no supera el 31%. Más
llamativo es el caso en la Administración de Justicia, donde el número real de
mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo:
por ejemplo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tiene una sola mujer entre
sus 12 miembros. El Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, de Naciones
Unidas (misión a España), de 17 de junio de 2015, recomienda “que el Estado aplique medidas
especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la
administración pública, en particular en los niveles más altos de la
judicatura”.
Sin embargo, destaca la presencia
femenina en Sanidad, Enseñanza (docencia no universitaria) y Justicia donde al
menos 7 de cada 10 efectivos son mujeres. No es baladí esta cuestión, que entre otras
cosas, significa la falta de facilidad que encuentra la mujer para poder
conciliar la vida familiar y profesional. La administración pública aparece
como un pequeño refugio para la mujer y para poder emanciparse como persona.
Pero, la administración pública no ha avanzado ni ha profundizado en los
avances que ayudan a mejorar su situación. Los recortes en personal que se
sufre en los últimos lustros afectan gravemente a la jornada laboral. Si la
administración pública es una opción para las trabajadoras también es un
laboratorio de ensayo de leyes, recortes y procedimientos de los políticos. Es
en la administración y del salario del personal donde primero se recorta en
épocas de crisis, donde existe rigideces laborales que no permiten flexibilizar
las jornadas. Dónde se exige y amenaza con expedientes buscando el visto bueno
o firma de la trabajadora pública para el interés del político de turno. Se provoca situaciones de estrés laboral que
finalizan en miles de bajas médicas por entender a la trabajadora como
productora de medios y no como prestadora de servicios públicos. La
Administración tiene un papel clave en la retención del talento femenino y en
el impulso de la mujer hacia los puestos de dirección tanto en el ámbito
privado como en el público.
Día a día vemos que no se avanza
lo suficiente en esta cuestión. Se nos impone culturalmente una forma y modo de
vida que hace que el poder y la fuerza como polo masculino prevalezca sobre la
justicia y la razón como polo femenino, sin llegar a ningún equilibrio de
fuerzas. Por todo esto, desde EPS-Pinto estamos por un “Feminismo para la
transformación social”.
8 marzo 2020
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